En México, de acuerdo con lo que explica F. Hevia, la necesidad de incluir a la ciudadanía en el control y vigilancia de los programas sociales no es reciente y, a lo largo de los años, su principal motor y razón de ser ha sido el combate a la corrupción y a la discrecionalidad del gobierno. En la política social, por ejemplo, se menciona la aparición de este tipo de mecanismos en el desarrollo de los programas dirigidos al campo, en especial los programas comunitarios de abasto como los de CONASUPO o Liconsa (algunos de los cuales existen a la fecha); o la estrategia comunitaria de trabajo del IMSS-Coplamar durante los años ochenta y noventa. Estos fenómenos ocurrieron en el contexto del renovado enfoque sobre la planeación económica, mediante la reforma al artículo 26 Constitucional de 1983 y a la Ley de Planeación, como un ejemplo más de los esfuerzos del Estado mexicano por involucrar a la ciudadanía en el ámbito gubernamental.
Los esquemas de Contraloría Social como tales, sin embargo, no surgen sino hasta principios de los años noventa (1991), como parte de la publicación de la Ley General de Desarrollo Social, “para resarcir las evidentes fallas de los sistemas formales de control y asegurar de esta manera el buen desarrollo de los programas de desarrollo social,”específicamente aquéllos dentro del marco del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). Por tal razón, en aquél tiempo, la Contraloría Social se definió como “una nueva forma de control administrativo ejercido por los ciudadanos sobre la actuación de quienes tienen la responsabilidad del quehacer gubernamental; es decir, una forma avanzada de participación ciudadana en las tareas de vigilancia y fiscalización de los recursos públicos y en la evaluación del desempeño de los funcionarios y empleados al servicio del Estado.” Su principal finalidad, por tanto, era activar mecanismos formales de control básicamente para atender las irregularidades detectadas por las y los beneficiarios.
Para ello, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF, hoy SFP) organizó la Contraloría Social en dos vertientes, vinculadas entre sí: una individual (atención ciudadana de quejas, sugerencias, denuncias), como los módulos de atención ciudadana y el Sistema de Orientación Telefónica a la Ciudadanía (SACTEL); y otra colectiva (creación de comités de beneficiarios para la vigilancia de obras y servicios), como los Comités de Solidaridad de PRONASOL.
Ambas vertientes se vieron, asimismo, acompañadas de acciones tanto de difusión sobre el concepto de vigilancia ciudadana, como de capacitación para los ciudadanos participantes sobre el manejo de controles operativos y de supervisión básicos.De esta manera, entonces, la Contraloría Social quedó inscrita dentro del proyecto de modernización y reforma del Estado del entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, el cual enfatizaba un cambio de relación entre gobierno y sociedad para dar mayores espacios de participación ciudadana.
Posteriormente, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando la política social fue dividida entre la que se enfocaba a combatir la pobreza, asignada al Gobierno Federal, y los fondos para financiar la infraestructura básica, descentralizados a los municipios, la participación de los beneficiarios como actores centrales de la política social —según explica V. Llerenas—dejó de ser una prioridad gubernamental en la materia.
Por tal razón, la Contraloría Social, si bien permaneció ligada a los esquemas de programas nacionales de desarrollo social, quedó enmarcada dentro de la política de modernización administrativa, a cargo de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM, sucesora de SECOGEF y luego SFP) como un mecanismo más o menos vacío de queja ciudadana y una ventana más para la cooptación política.
Durante la última década y, particularmente, en años recientes, la Secretaría de la Función Pública reconoció nuevamente la importancia de la participación activa de las y los beneficiarios en los programas de desarrollo social y retomó el espíritu de la Contraloría Social como un mecanismo de control, vigilancia y rendición de cuentas, incorporándolo a las Reglas de Operación de cada uno de los programas federales vinculados a la política social. La Contraloría Social, como mecanismo operado por el gobierno federal, se vuelve entonces a entender en la definición más completa del mecanismo (como fenómeno amplio en Latinoamérica); es decir, como “el conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas, de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez; así como para exigir la rendición decuentas a sus gobernantes.”...
*Fragmento tomado del libro "Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, cinco modelos de incidencia desde el servicio público" de Sergio Rivera Sánchez et al disponible en https://anticorrupcion.mx/
